Los algoritmos cada vez afectan a más esferas de nuestras vidas. Y, en ocasiones, perjudican a la ciudadanía. El Gobierno ha decidido pasar a la acción: ha puesto en marcha una batería de medidas que tienen como meta analizar el impacto social de los sistemas de inteligencia artificial (IA) antes de que entren en funcionamiento. Con ese objetivo en mente, y para precipitar los cambios con más empuje, España se ha propuesto para ser el conejillo de indias del proyecto de Reglamento de la IA presentado por la Comisión Europea, que previsiblemente entrará en vigor en 2023.

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